Sin embargo, a pesar de la enorme importancia del maíz nativo, en el año 2009 el gobierno mexicano comenzó a conceder permisos a las empresas multinacionales para cultivar un maíz modificado genéticamente. Los defensores del medio ambiente, de la salud y de la justicia social denunciaron dicha maniobra. En 2013, una surtida coalición compuesta por 53 personas y organizaciones no gubernamentales en representación de científicos, pequeños agricultores, apicultores, consumidores y activistas de derechos humanos se unieron para presentar una demanda judicial colectiva e innovadora para frenar el cultivo del maíz modificado genéticamente (transgénico). Su caso, La Demanda Colectiva para la Protección del Maíz Nativo de México contra la Modificación Genética, va a generar leyes fundamentales para la justicia ambiental y social en México.